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Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León

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Otro ‘error’ informático, la nueva WEB del Congreso de los Diputados

Sólo la regulación de la Ingeniería Informática podrá garantizar eficazmente los derechos tecnológicos de la sociedad

Sólo la regulación de la Ingeniería Informática podrá garantizar eficazmente los derechos tecnológicos de la sociedad

Tal es el caso del nuevo portal de servicios del Congreso de los Diputados, cuyo incumplimiento de los estándares de accesibilidad son impropios de la tercera institución más importante del Estado, después de la Casa Real y de la Presidencia del Gobierno, y cuya readaptación para cumplir la futura normativa exigirá un nuevo proyecto de contratación, con el consiguiente gasto para el erario público, el Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática, en nombre y representación de los once colegios profesionales autonómicos de Ingenieros en Informática creados en España, quisiera reiterar la advertencia plasmada en su anterior comunicado oficial, donde afirmaba que no sería extraña la aparición de nuevas noticias, relacionadas con supuestos fallos y errores informáticos, así como la envergadura de sus consecuencias.

Este Consejo identifica una de las principales causas de estos errores en la ausencia de regulación profesional a nivel estatal de la Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática, que se ha venido reclamando desde hace tiempo sin respuesta positiva de las instituciones. Sólo en la situación actual, sin regulación de la actividad del Ingeniero en Informática, y por tanto sin responsabilidad civil, penal y/o profesional de las personas encargadas de la dirección técnica de los proyectos informáticos, es explicable la ingente cantidad de noticias relacionadas con fallos o errores informáticos, así como las cuantiosas pérdidas (tanto en términos económicos como en derechos fundamentales) derivadas de tales negligencias.

Lamentamos profundamente el escaso control sobre la responsabilidad profesional que desde las instituciones públicas se hace de los proyectos tecnológicos demandados desde el Estado. La actual política de contratación pública de servicios y sistemas informáticos, sin existencia de un Cuerpo Nacional de Ingenieros en Informática que velen por la viabilidad y corrección técnicas de dichos proyectos, y sin la exigencia de visados profesionales y verificación de la cualificación exigible a los profesionales encargados de llevarlos a cabo por parte de las empresas concesionarias, está dando como resultado un constante perjuicio para el ciudadano, que es lícito denunciar con la máxima contundencia, exigiendo asimismo a los representantes políticos que tomen las medidas normativas preceptivas para salvaguardar el interés general, como es la creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática, y la definitiva regulación de la profesión de Ingeniero en Informática, así como sus atribuciones profesionales legales.

Este Consejo quiere dejas constancia de que permanecerá vigilante ante situaciones similares, y denunciará públicamente el uso interesado del error informático como causa para evadir responsabilidades, al mismo tiempo que dedicará todos sus esfuerzos en exigir una regulación profesional que, a la vista de los acontecimientos, resulta más que necesaria, ya que sólo a través de profesionales cualificados se puede exigir posteriormente la excelencia de los resultados.

Situaciones como las expuestas son totalmente injustificables en la octava potencia económica del mundo, donde más de 100.000 profesionales titulados, y otros 100.000 que se encuentran actualmente estudiando las carreras universitarias de Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática, observan con preocupación la continua devaluación de su sector, y por lo tanto el escaso reconocimiento del servicio a la sociedad para el que todos ellos han sido formados. Otra consecuancia al respecto es que esta octava potencia económica se encuentra en el puesto 32 del ranking de Estados en cuanto a la llamada Sociedad de la Información.

En Madrid, a 15 de junio de 2007

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