Es urgente mejorar la regulación del uso de la informática en general

No se trata de un asunto de los profesionales, ni del sector de la industria y los servicios informáticos, sino de un problema social general: Los productos, actividades y servicios informáticos, especialmente los que usan Internet, tienen una incidencia cada vez mayor en todos los ámbitos: individual, familiar, laboral, empresarial, administrativo y social en general. Esta incidencia creciente está insuficientemente evaluada y regulada a nivel legal generando una creciente sensación de inseguridad, desconfianza y malestar entre ciudadanos y empresas. Especialmente en aspectos como:

• ¿Alguien lee los lee los términos y condiciones de productos y servicios informáticos?
• Condiciones de uso confusas e incompletas que pueden suponer abusos, inseguridad jurídica de personas y empresas, e indefensión.
• ¿Para qué sirve que el usuario acepte términos y condiciones de productos y servicios informáticos si, suelen incluir que el proveedor puede cambiar arbitrariamente cualquier disposición?
• Los usuarios no conocen realmente el verdadero alcance de sus concesiones en materia acceso y utilización de datos y contenidos propios, por lo que el consentimiento que otorgan frecuentemente no es en realidad un consentimiento informado.
• Nuevas formas de uso malicioso o inadecuado de la informática, delincuencia, delitos informáticos, ciberdelincuencia, virus, malware, cracking, etc.
• Seguridad informática, especialmente en internet, en lo que se ha dado en llamar ciberseguridad.
• Uso de datos del usuario no calificados legalmente como personales que vulneran derechos fundamentales en mayor grado que los datos calificados legalmente como personales.
• Controles de calidad en actividades informáticas con incidencia en el interés general, especialmente los proyectos de gran envergadura y complejidad a nivel de ingeniería informática, de infraestructuras y servicios de interés general y los relacionados con la salud, las transacciones económicas, la seguridad física y jurídica y las infraestructuras críticas.
• Si la ley garantiza que mis comunicaciones son secretas ¿por qué un proveedor puede exigirme leer mis correos electrónicos o mis mensajes privados, y tanto personales como de trabajo?
• Supuestos fallos informáticos y las responsabilidades derivadas.
• Nuevas formas de violencia y abuso, especialmente contra colectivos más vulnerables como los niños, los jóvenes y los mayores.
• Privacidad.
• Etc. Etc.

La no regulación lleva a situaciones de indefensión ya que no solo pueden darse abusos o perjuicios personales o empresariales, sino que actualmente el prestador del servicio puede “mirar a los ojos al afectado y decirle que hace lo que hace porque puede, pues no hay ninguna regulación que se lo impida”, sufriendo la persona o la empresa una situación de indefensión por la inexistencia de una adecuada regulación.

No incorporar una regulación proporcionada con controles de calidad en materia de actividades informáticas es imprudente pues incrementa los riesgos y amenazas en materia informática, con las consecuencias potenciales de todo tipo que ello entraña. Como viene señalando el Fondo Económico Mundial (WEF) en su “Global Risks Report” destacando la importancia creciente de estas amenazas en la sociedad actual tanto a nivel público como privado.

Los poderes públicos en España, tienen el mandato constitucional de ocuparse de esta materia. Así la Constitución Española en su artículo 18 establece que “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Así mismo en el artículo 51 establece la necesidad de defender a los consumidores y usuarios desde los poderes públicos, especialmente en lo relativo su seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos. Del mismo modo, resulta notable la importancia progresiva de la informática para la seguridad física y jurídica de las personas y las entidades (empresas, instituciones, etc.), y su incidencia en el interés general del conjunto de la sociedad. El único, e insuficiente desarrollo de este mandato ha sido la legislación en materia de protección de datos.

Los profesionales de la informática, quizás porque vemos un poco más allá en la trascendencia de este asunto, consideramos urgente que los poderes políticos pasen de preocuparse a ocupase de este problema. En esta línea y como colofón del Primer Congreso Europeo de Ingeniería Informática celebrado en Madrid, los ingenieros en informática han impulsado la iniciativa “InformatiCALL”, un llamamiento a los gobiernos y a la sociedad sobre la necesidad urgente de mejorar la regulación de los productos, actividades y servicios informáticos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. InformatiCALL es un llamamiento abierto al apoyo de cualquier organización (empresa, institución, asociación, etc.) registrándose aquí.

Entre otras cosas el llamamiento incide en la urgencia de realizar una evaluación con rigor y profundidad para determinar los casos en que se debe establecer algún tipo de regulación o control para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo a los niños, jóvenes, mayores y otros colectivos especialmente vulnerables, así como las actividades y servicios que la legislación europea establece como de interés general.

En conclusión, no se trata de un problema profesional sino de un problema social y político de primer orden que afecta a las personas, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Este es el centro de la cuestión, y no hay que perderlo nunca de vista para comprender de que estamos hablando cuando hablamos de regulación informática.

Por otro lado, a nivel profesional y sectorial, destaca la problemática de la anormal situación de la ingeniería informática en España en relación al resto de ingenierías, y los problemas de todo tipo que ello está generando a nivel universitario y profesional. Para saber más de este asunto puede ir aquí.